El Gobierno ha decidido habilitar un conjunto de nuevas medidas urgentes que amortigüen el impacto de la crisis en las familias. Así lo comunicó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los agentes sociales en la discreta reunión que mantuvieron el lunes en la Moncloa y a la que asistieron los secretarios generales de CC.OO., José María Fidalgo, y de UGT., Cándido Méndez , junto a varios ministros. Estas medidas se discutirán en el marco del diálogo social.
El Gobierno estudia una moratoria en el pago de la hipoteca para las personas que se queden sin empleo. Es una petición de los sindicatos y con esa medida se facilitarían iniciativas como la de Caixa Catalunya, que suspende el embargo de las viviendas y transforma temporalmente la hipoteca en un alquiler. Con una cobertura legal adecuada podrían sumarse otras entidades que, con esta fórmula, evitan tener que provisionar los créditos impagados como morosos.
El primer encuentro para estudiar las nuevas medidas tuvo lugar ayer en el Ministerio de Trabajo, donde el Gobierno propuso elevar la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social de 1.200 a 1.500 euros anuales para la contratación indefinida de los parados con cargas familiares. El objetivo de esta medida es amortiguar los estragos del desempleo en las familias. El dato más preocupante de la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre es que en los últimos doce meses los hogares con todos sus miembros en paro ha aumentado un 68%.
Esta iniciativa supone dar un giro radical en las políticas activas de empleo, que prácticamente habían desaparecido al finalizar las últimas bonificaciones impulsadas por el anterior gobierno del Partido Popular.
Los agentes sociales tendrán que debatir esta propuesta la próxima semana y han sugerido ampliar la prestación por desempleo y garantías de una mayor coordinación de las administraciones. Además, el Gobierno ha propuesto la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social en los empleos relacionados con la investigación y desarrollo, energías renovables y otros sectores considerados de futuro, con el fin de acelerar el cambio del modelo productivo. Trabajo se ha comprometido a incrementar la capitalización de la prestación del seguro de desempleo del 40% al 60% para facilitar el autoempleo. Por último, adoptará medidas que mejoren la eficacia de las empresas que recolocan los trabajadores de un expediente de regulación de empleo.
Tras la reunión, el ministro Celestino Corbacho se mostró dispuesto a retrasar el pago de cotizaciones de las empresas en dificultades, siempre que este aplazamiento facilite el mantenimiento del empleo.
Estas medidas son el resultado del primer encuentro y forman parte de lo que Zapatero definió como un primer bloque de políticas activas de empleo. Los agentes sociales tienen que debatirlas y presentar su alternativa.
El segundo conjunto de iniciativas estará dirigido a amortiguar el impacto de la crisis en la industria. El ministerio que preside Miguel Sebastián concretará sus propuestas en una reunión que debería haberse celebrado el próximo lunes pero se ha aplazado. Durante el encuentro en la Moncloa, los agentes sociales pidieron al presidente medidas concretas en sectores en dificultades como el automóvil, la energía y el turismo. El ministro ha puesto en marcha lo que en su equipo se llama el “gabinete de crisis” para elaborar propuestas concretas más allá del plan de eficiencia y ahorro energético.
Por último, el Ministerio de Economía será el responsable de articular otro conjunto de ayudas concretas para las familias. Entre ellas, se encuentran la moratoria en el pago de hipotecas, el plan para proporcionar liquidez para empresas y familias y la compra de activos a bancos y cajas. Además, Economía trabaja en la prórroga de las cuentas de ahorro vivienda, de forma que el titular disponga de dos años más para adquirir una vivienda.
Economía ha descartado nuevas rebajas en el impuesto de sociedades. También rechaza la introducción de ayudas concretas al sector inmobiliario.
Sin embargo, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió ayer al Gobierno medidas que animen la demanda de alquiler y, a la vez, reactiven la demanda de vivienda más vinculada a la inversión. “Liberalizar la regulación sobre el alquiler de la vivienda y dar seguridad a los propietarios sería una de las reformas estructurales más oportunas”, dijo en la inauguración del curso académico de Esade en Barcelona. En concreto se trata de introducir garantías a los propietarios del inmueble en el caso de que el inquilino deje de pagar.
El gobernador pidió “firmeza” al Gobierno para implantar reformas estructurales que permitan superar la crisis. Entre ellas propuso liberalizar nuevos sectores de actividad para potenciar su competitividad, como cadenas de distribución de mercancías y prestación de servicios, puertos, aeropuertos, transporte ferroviario y energía.
El gobernador reiteró en tono grave la necesidad de reformar el mercado de trabajo, la negociación colectiva y las cláusulas de revisión salarial. “Si no hay pronto estas reformas, veremos crecer intensamente el paro”.
Fuente | La vanguardia.es