El futuro de las Cajas centra el debate político de la región

Casi nadie duda de que la integración o la fusión de las cajas es el camino a seguir si se quiere seguir siendo competitivo. Pero en este debate, como en tantos otros, hay elementos a tener en cuenta, y también juega su baza la complejidad territorial y económica de esta Comunidad. Las principales protagonistas de este debate, las propias cajas de ahorro, estudian el modelo encargado a expertos económicos, que aboga por una integración, un contrato de grupo, en vez de una fusión. Pero lo cierto es que aún no se han pronunciado y su adhesión o no al proyecto es clave.

PP y PSOE están de acuerdo con trasladar la presión al tejado de las cajas. El presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, recordó el jueves que las direcciones de las cajas de ahorro tienen autonomía para decidir sobre su integración en el grupo contractual pero advirtió de que “deben ejercerla en clave de responsabilidad”. No obstante, señaló que se pueden plantear alternativas “viables y próximas, si caben”, pero recordó que todo el proyecto está “bien visto” tanto en los términos generales como en las cuestiones concretas por el Banco de España.

El jefe del Gobierno regional advirtió también de que no va a tolerar una “guerra sucia” en torno al proyecto para potenciar el sistema financiero regional, y denunció que “ya se están produciendo actuaciones de intoxicación y de agresión”, alguna de las cuales, le ha tocado “personalmente”. En este sentido, se han producido algunas declaraciones contrarias o poco entusiastas desde varios ámbitos de la región, especialmente desde la provincia de León. El presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, se refirió la semana pasada a este asunto, asegurando que todavía era pronto para pronunciarse, porque aún no habían estudiado el modelo propuesto.

Los expertos que han elaborado el proyecto para la integración de las cajas de ahorro de Castilla y León advirtieron de que “el tamaño y nombre de las entidades es ahora determinante” en los mercados financieros, donde se penaliza “en particular” a las de mediano y pequeño tamaño que sufrirán “incrementos de costes y restricciones de financiación en los mercados de capitales, que constriñen el desenvolvimiento del negocio”, según señaló José Pérez Santos, abogado del despacho de Uría Menéndez que ha elaborado el documento base para la negociación. En este sentido, dada la situación económica y la insuficiencia del propio pasivo para seguir financiando la actividad de la caja, señaló que las entidades en un futuro inmediato sólo tendrán dos alternativas: “o se integran en grupos que les dan dimensión, mayor eficacia, eficiencia y acceso a capitales, o se jibarizan, se encastillan y no atenderán las necesidades reales de una sociedad pujante”.

Asimismo, los consultores quisieron dejar claro que el modelo de creación de un Grupo Contractual no variará la naturaleza jurídica de las cajas, ni supondrá una privatización. “La sociedad central saldrá a los mercados como un solo grupo y con un solo riesgo y tendrá una única supervisión. Aquí no hay trampa ni cartón”, señaló Pérez Santos.

El consultor justificó la necesidad de reformar el sistema financiero de Castilla y León en que la confianza de los clientes y los mercados “va a depender más que nunca de la eficiencia, solidez, dimensión y cuota de mercado de las entidades de crédito”. En este sentido, defendió la necesidad de consolidación de las cajas de la Comunidad, ya que en el contexto actual, “el sistema bancario está irremediablemente abocado a la consolidación en un menor número de entidades o de grupos que facilite” la racionalización de estructuras, la eficiencia operativa, el acceso a los mercados de capitales, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y el reforzamiento de las capacidades financieras y de desarrollo de negocios”. “Lo anterior es particularmente cierto en el caso de Castilla y León”, dijo, para asegurar que las 44 cajas de ahorros que operan en la actualidad en España, “se van a reducir probablemente a menos de la mitad”.

Las incógnitas en Soria se centrarían en si es posible el mantenimiento íntegro de los puestos de trabajo, la red de oficinas en la provincia y la extensa obra social de Caja Duero.

Fuente | Heraldodesoria.es

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