En los últimos cinco años, 842.123 familias han podido acceder a una vivienda o mejorar la que ya poseían con las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo, lo que representa un grado de cumplimiento sobre los objetivos marcados del 127%. Llevado al sistema de calificaciones de la escuela, se puede concluir que el Gobierno sacó sobresaliente.

Pero ¿se ha logrado de verdad reequilibrar el mercado español? ¿Consiguió el plan 2005-2008 crear un mayor parque estable de vivienda social en alquiler, tal y como preconizaron los responsables de su diseño? La respuesta está en las cifras.

El número de viviendas protegidas (VPO) de nueva construcción adscritas a dicho programa ha sido de 180.000. Si a esa cantidad se le suma el plan de choque puesto en marcha en 2004, se han financiado un total de 263.214 casas, de las que 220.000 fueron destinadas a la compra y 42.500 al alquiler. Esto significa que el arrendamiento continúa representando apenas un 16,1% de las nuevas VPO y la propiedad el 83,5% restante.

El balance es algo más equilibrado si a las casas nuevas les sumamos las que se han podido rehabilitar al amparo de las ayudas del plan del ministerio, que contabilizan un total de 552.214. Y si a los pisos nuevos en alquiler les añadimos las subvenciones cobradas por los inquilinos, resultan 141.989 ayudas al arrendamiento. Con estas dos magnitudes el porcentaje quedaría en 25% de inquilinos frente al 75% de propietarios.

Es, por tanto, el único pero que puede reprocharse al plan 2005-2008, todavía en vigor, que ya se había puesto como objetivo que el arrendamiento absorbiera aproximadamente un 40% de los recursos, igual que lo previsto ahora en el programa que se desarrollará los próximos cuatro ejercicios.

Este fiasco no es atribuible al contenido del plan. De hecho, éste incluyó los mayores incentivos a la promoción de VPO en alquiler puestos en marcha nunca, pero los números demuestran cómo mientras duró el boom (hasta finales de 2007), el arrendamiento protegido siguió sin resultar atractivo a la iniciativa privada.

El nuevo programa avanza en esa línea y mejora y amplía muchas de las ayudas al alquiler puestas en marcha cuando se creó el ministerio. Se actúa sobre la demanda, manteniendo y agilizando el cobro de la renta básica de emancipación, pero también sobre la oferta, permitiendo incluso que viviendas libres en stock puedan convertirse en VPO para comprar o alquilar.

El balance incluye los datos territorializados, lo que permite comprobar qué regiones han cumplido mejor los objetivos acordados con el ministerio, que, pese al traspaso de competencias, sigue financiando el 80% de todas las VPO que se construyen. Galicia, con un grado de ejecución del 184%, Castilla y León, con el 175%, y Extremadura (153%) son los alumnos aventajados, mientras Murcia (61%), Baleares (80%) y Canarias (98%) apenas progresan adecuadamente.

Otra sugerencia del Banco de España

Se han introducido numerosas iniciativas para impulsar el raquítico mercado de alquiler español, que apenas representa el 11% del total, cuando en Europa la media es del 40%. Se ha actuado sobre la fiscalidad, rescatando la desgravación para los inquilinos y mejorando la tributación de las rentas para los caseros. Se sigue trabajando en más instrumentos de inversión colectiva, como las Socimi o Reit españoles, para dotar de mayor liquidez al mercado y atraer al inversor extranjero. Incluso se piensa en el alquiler como forma de absorber el ingente stock de vivienda nueva sin vender y como solución para aquellos que no pueden pagar la hipoteca (con el plácet del banco siguen viviendo en su casa, pero en régimen de arrendamiento).

Pero, aun así, cada vez son más las voces que claman por cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos, como por ejemplo en los plazos del contrato. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lo ha sugerido en alguna ocasión: flexibilizar la norma para que no sea casi automática la renovación del contrato por cinco años.

Fuente | cincodias.com