La alta morosidad obliga a las entidades a reconvertirse para reducir costes y riesgo

“Si no oyen el ladrido, sufrirán el mordisco”, advirtió en 2000 el entonces subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, ahora presidente de la Asociación Española de Banca (AEB). Martín se refería al fuerte incremento de los créditos, sobre todo en las cajas de ahorros. La hemeroteca está plagada de advertencias sobre los riesgos que las entidades asumían con el rápido crecimiento en oficinas y con los préstamos al ladrillo. Gonzalo Gil, también subgobernador con Jaime Caruana, máximo responsable del organismo supervisor hasta junio de 2006, y el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, han protagonizado más avisos. Pese a la autoridad que se les supone, la mayoría de sus alertas cayeron en saco roto.

Ahora ya pocos dudan de que el sector ha sufrido el mordisco, aunque las cajas con especial dureza, por su exposición al ladrillo. Su morosidad en promotores inmobiliarios es cuatro veces más que en los bancos, aunque los créditos de las cajas sólo son un 17% menos (ver gráficos).

Ayer mismo, un informe de Funcas, la fundación de las cajas, alertó de que la banca española es de las más expuestas del mundo a la crisis inmobiliaria. El estudio señala que el riesgo bancario vinculado al ladrillo supera el 65%, por encima de países con un alto riesgo, como Australia o Japón; y mucho más que Alemania (50%) o Reino Unido (20%), informa Efe.

Desde todos los foros, Banco de España, Confederación de Cajas (CECA) y el propio presidente del Gobierno, se pide a las 45 cajas que piensen cómo recomponerse ante la dureza de la crisis financiera y la caída inmobiliaria. El sector necesita una segunda reconversión, pero el poder político, siempre tan controlador, se resiste. En los años ochenta ya vivieron la primera, con la desaparición de casi 40 cajas, la mitad de las que había. Ahora los expertos reconocen que es difícil hacer cálculos sobre cuántas entidades deberían quedar en el nuevo mapa, pero algunos apuntan que no deberían superar la veintena.

En esta ocasión, las fusiones son más difíciles que hace 25 años porque hay que llevarlas a cabo con entidades de diferentes comunidades, a lo que se oponen frontalmente los políticos. Quizá por eso, el pistoletazo de salida ha sido una fusión virtual en Castilla y León. Las seis entidades crearán una sociedad holding que controle la liquidez y solvencia de todas. Incluso puede emitir cuotas participativas. Se utilizará la fórmula denominada Sistema Institucional de Protección (SIP), que ahora emplean las cajas rurales. En Andalucía también estudian esta fórmula.

El SIP plantea que todos asumen los problemas de los demás, lo que supone en la práctica que las más fuertes protegen a las más débiles. Se llaman fusiones de baja intensidad porque las entidades mantienen sus plantillas, oficinas, sedes sociales y la obra social. Es una fórmula con dos virtudes: no hay oposición política ni de los directivos y, por otro lado, evitaría que quebrara una caja en crisis. Sin embargo, “los problemas son que no hay ahorro de costes y, todavía peor, no se diversifican los riesgos”, apunta José María Martínez, responsable de CC OO de banca, sindicato mayoritario del sector.

El Banco de España apoya las fusiones virtuales, sobre todo porque pueden servir como antesala para una unión real. Sin embargo, según varias fuentes, el mejor camino es la unión de cajas de diferentes comunidades.

Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA, considera que “para que una fusión compense los problemas que inevitablemente provoca, debe ahorrar muchos costes, diversificar el riesgo y permitir el acceso a negocios antes inalcanzables”. Sobre el papel, las de mejor encaje podrían ser Caja Madrid con Caja Castilla-La Mancha; Quintás apunta que las peores fusiones son las de dos entidades que están mal “porque se crea otra peor, más grande y más difícil de gestionar”.

Alfonso García Mora, socio director general de Analistas Financieros Internacionales (AFI), cree que “en pocas regiones está justificada una fusión interna. Quizá en Cataluña y en Andalucía podría ser positiva una unión de cajas porque pueden tomar un tamaño relevante”. Desde el punto de vista de la diversificación de riesgos, los expertos coinciden en señalar que unir las dos cajas valencianas, Bancaja y CAM, sería un error por la altísima concentración de ladrillo del balance de la entidad fusionada. También se critica la unión de las de Castilla-La Mancha, Galicia o Extremadura.

Otros analistas, que piden mantener el anonimato, apuntan que “las fusiones de una sola comunidad sólo son útiles con el cierre de muchas oficinas y la reducción de plantilla”. Por ejemplo, comentan algunas fuentes, si Castilla y León hubiera optado por una fusión real de las seis cajas, sobrarían más de 2.000 trabajadores, el 35% de la plantilla total. En el caso del País Vasco, que está en proceso interno de fusión (la BBK de Vizcaya con la Kutxa de Guipúzcoa) la operación se justifica porque no hay solapamiento de oficinas y porque la BBK tiene más peso industrial y la guipuzcoana, de clientes particulares.

¿Les está llegando el agua al cuello a las cajas? Si se miran sus cifras actuales, la situación todavía es buena. El nivel de solvencia está por encima de la media de la banca, con un gran zurrón de provisiones (metieron 14.000 millones en 2007) y los beneficios de este ejercicio igualarán a los del anterior, el año récord del sector.

Sin embargo, la crisis financiera obligará a reducir riesgo y los márgenes del negocio. Las cajas, con 10.000 oficinas y 14.000 trabajadores más que los bancos, están abocadas a reducir costes. Los políticos tienen la piel dura y quizá no sientan el mordisco, pero para cuando se den cuente, se puede gangrenar la caja.

¿Y si el Gobierno entra en los bancos?

En el sector financiero se mira con lupa lo que están haciendo otros Gobiernos europeos con las entidades financieras que tienen problemas o quieren reforzar su solvencia. Las inyecciones de capital público de los últimos días han servido para elevar el ratio de capital de algunos bancos, lo que está causando malestar en el sector porque les perjudica por comparación. “Sólo se debería permitir que un Gobierno ayude si hay riesgo de quiebra. Si se hace para mejorar, se debería denunciar porque va contra la libre competencia”, afirma Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA.

Es decir, si la banca europea refuerza su capital, puede que se vean obligados a hacerlo en España. El problema es que algunos Gobiernos, además de dinero, han puesto consejeros para controlar la inversión. Si las grandes entidades (Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Banco Popular), pidieran este refuerzo, ¿llegarán consejeros del Gobierno a las cúpulas del sector?

No parece fácil de asumir, sobre todo en algunos casos, como el del BBVA. El Ejecutivo tendría poder sobre un sector que acabaría casi convertido en un sector de servicios.

Via Elpais.com