El sector de las cajas catalanas descarta la opción de crear una agencia semipública que absorba los activos inmobiliarios que van acumulando las entidades como consecuencia de la crisis. Esa posibilidad que ha sido discutida de forma intensa desde el mes de diciembre prácticamente ha quedado descartada por considerarla inviable desde diferentes puntos de vista como el legal, el técnico, el operativo o el de imagen.

Ahora la Generalitat y especialmente el Departament d´Economia, que dirige Antoni Castells, siguen trabajando en otras líneas de actuación para respaldar al sector financiero y evitar problemas de solvencia. No en vano las entidades y la propia Generalitat estiman que la solvencia será un reto para los bancos y las cajas.

El proyecto que elaboró el Departament d´Economia era similar al presentado ayer en sociedad por Ahorro Corporación, sociedad controlada por la mayoría de las cajas catalanas. El plan de crear una sociedad semipública -que no ha superado la fase de estudio- consistía en que una empresa adquiriría los activos inmobiliarios que las cajas y bancos catalanes están comprando a sus clientes morosos. La sociedad semipública posteriormente alquilaría esos activos en el mercado.

El proyecto fue presentando por el Departament d´Economia a las diferentes cajas catalanas y fue discutido en varias reuniones de la Federació de Caixes Catalanes. El plan preveía que la nueva sociedad que se creara contara con un capital inicial de unos 1.000 millones de euros, un 20% o un 30% del cual sería aportado por la Generalitat.

El dinero restante procedería de las cajas y bancos catalanes. Posteriormente, la sociedad efectuaría una emisión de deudacon aval público para captar 4.000 millones de euros adicionales en el exterior. Con estos 5.000 millones de capital, la sociedad procedería a comprar los activos inmobiliarios de las entidades pero con un descuento que podría rondar el 30%. Este era uno de los puntos que provocaban más rechazo desde algunas entidades financieras puesto que consideraban que se trataba una rebaja excesiva. “Si hemos de aplicar un 30% de descuento a activos que ya hemos devaluado un 20%, al final los vendemos por la mitad de su valor”, señala el responsable de una importante entidad financiera catalana.

Una vez estuviera creada la sociedad y hubiera absorbido los activos inmobiliarios, comenzaría a alquilarlos en el mercado a la espera de que se produjera una recuperación del sector y se pudieran vender. Los activos inmobiliarios podían ser solares, promociones o pisos y casas.

Fuentes financieras matizaron que existían otros problemas que dificultaban la puesta en marcha del proyecto, como la consecución de un aval público para sustentar la emisión de deuda. Otro de los inconvenientes era la tipología de los activos que adquiriría la sociedad. Mientras algunas cajas optaban por colocar sólo inmuebles de alta calidad, otras entidades proponían todo tipo de activos.

Asimismo, las entidades también pensaban en la mala imagen que podría causar la creación de una entidad semipública para comprar esos activos.

Además había otras dificultades que superar como por ejemplo que en la sociedad ninguna entidad debería tener más del 20% del capital para que así no estuvieran obligadas a consolidarla en su balance.

De esta forma algunas entidades pequeñas debían hacer cuantiosos desembolsos. Según la legislación vigente, si una empresa cuenta con más del 20% del capital de una sociedad debe integrarla en su balance. Si así fuera, no se cumplirían los objetivos, que son dotar de solvencia y liquidez a las entidades.

Cuando una caja o banco vendieran un activo inmobiliario a esa sociedad semipública no sólo ingresarían dinero, sino que además se liberarían las provisiones y dotaciones realizadas por el inmueble en cuestión.

Y es que el Banco de España obliga a las entidades a provisionar un porcentaje del valor de los activos inmobiliarios adjudicados de clientes morosos. Además cada año que pase, las entidades deben provisionar de forma adicional esos activos en la cantidad en la que se hayan devaluado.

La propuesta de la Generalitat es similar a la que planteó hace semanas el presidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra. El ex ministro socialista señaló que sería un opción estudiar que el Estado creara una agencia para comprar activos inmobiliarios a las entidades financieras.

Fuente | lavanguardia.es