La Asamblea regional aprueba el texto con el que se pretende echar a Blesa

La Asamblea de Madrid aprobó ayer, con la mayoría absoluta del PP y la abstención del PSOE, la nueva ley de cajas de la región, que consagra una reducción del poder del Ayuntamiento de Madrid en Caja Madrid y que impide de facto al presidente de la entidad, Miguel Blesa, continuar en su puesto. Se abrió así la puerta a un tremendo lío judicial en Caja Madrid que amenaza con prolongarse durante varios años. Blesa puede aprovechar ese periodo para mantenerse en el sillón, si los tribunales se lo permiten.

IU ya ha anunciado que recurrirá la nueva normativa a través de varios grupos municipales y el Ayuntamiento de Madrid se lo está pensando. Ambos se tomarán unas semanas para estudiarlo.

Lo que no podrá prolongarse tanto es la actuación de la Comunidad de Madrid. El jueves se da el pistoletazo de salida del proceso electoral de Caja Madrid y es ahí donde se producirá el verdadero choque de trenes. El Gobierno de Esperanza Aguirre y la caja tienen dos visiones antagónicas sobre qué ley debe regir las elecciones de Caja Madrid y ambos cuentan con papeles en la mano para defender su postura. Así que su pugna también acabará previsiblemente en los tribunales.

Blesa, con el apoyo del consejo de administración, defiende que el proceso se inició el 20 de octubre pasado y realizará todos los trámites según la normativa anterior. La Comunidad, sin embargo, insiste en que la nueva ley obliga a que las elecciones se realicen según los nuevos preceptos. La propia Esperanza Aguirre se mostró ayer convencida de que Blesa “cumplirá la ley”, después de recordarle, eso sí, que está sujeto a las leyes. Pero diga lo que diga Aguirre, la caja no pretende aplicar la nueva ley en los presentes comicios. Así que si la Comunidad quiere hacerla valer, tendrá que hacerlo en los tribunales.

Caja Madrid, mientras tanto, continuará con los trámites iniciados en octubre y no recurrirá a los jueces para hacer valer su postura. Eso lo dejará en manos de los grupos representados en el consejo, como IU, el Ayuntamiento de Madrid o los sindicatos, que son los que ganan o pierden representación en los órganos de gobierno con el nuevo texto.

Todos estos procedimientos, que se tramitarán en lo contencioso administrativo o en el Tribunal Constitucional, podrían acabar beneficiando a Blesa. Mientras los jueces no le levanten de la silla (y siempre que consiga que Alberto Ruiz-Gallardón le proponga para la renovación), podría permanecer en la presidencia de la caja. La lideresa podría recurrir en último término a las sanciones, aunque ella misma lo descartó ayer.

Fuente | publico.es