La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, presentó el pasado 22 de diciembre una modificación legal que de facto supone un golpe de mano para hacerse con el control de Caja Madrid. A esta maniobra le ha salido un fuerte opositor: el Ayuntamiento de la capital, también del PP.

La presidenta Esperanza Aguirre introdujo en el último minuto, cuando el registro del Parlamento regional iba a cerrar, un grupo de enmiendas a la ley de acompañamiento con las que se reservaba la última palabra para decidir la continuidad del actual presidente de la entidad, Miguel Blesa. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ha remitido una carta a EL PAÍS, en la que asegura que este cambio supone “una frontal vulneración de los principios de proporcionalidad y neutralidad […] en pro de su instrumentalización política”.

Pero el Gobierno municipal va más allá, ya que pone en duda la constitucionalidad de la decisión adoptada por Esperanza Aguirre. “[La modificación] Incrementa de forma interesada la representación directa e indirecta de la Comunidad de Madrid, que utiliza de este modo su capacidad normativa en beneficio propio y en claro perjuicio de todos los ayuntamientos”, sostiene el concejal.

El representante del municipio que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón destaca la importancia de apostar por la profesionalización de las cajas de ahorro en lugar de su instrumentalización política, especialmente en estos momentos de incertidumbre económica. “No hay una confrontación institucional ni una pugna por controlar la Caja, porque una de las partes, el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ha defendido siempre la reducción al mínimo de las interferencias políticas en la gestión financiera de la entidad”, asegura Bravo en la carta, cuyo contenido asume en su totalidad Ruiz-Gallardón.

Aguirre acomete esta reforma legal cuando se aproxima el fin del mandato de Miguel Blesa, que lleva 12 años al frente de Caja Madrid. Será en septiembre cuando se decidirá si continúa o no como presidente de la cuarta entidad financiera de España. La nueva ley también reduce la representatividad del Ayuntamiento de Madrid y aumenta la de otros municipios aguirristas.

Fuente | elpais.com