El alcalde apoya al presidente de la entidad ante el empeño de Aguirre de desbancarle

Las maniobras bélicas continúan en torno a la renovación de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid. A la ya conocida división del PP por las diferencias entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, se suman ahora las que han surgido en el PSOE, donde han aflorado posiciones divergentes en cuanto a la permanencia del presidente.

Mientras tanto, Blesa parece respirar tranquilo al ver más despejada la posibilidad de que siga seis años más. La entidad debe renovar 12 consejeros el próximo junio (siete de ayuntamientos, tres de la Asamblea y dos de otras entidades) y Blesa, que está entre ellos, se ha asegurado su inclusión en la lista de los representantes de ayuntamientos o de las entidades representativas toda vez que su presencia en la de la Asamblea de Madrid, que fue la que le propuso en las dos ocasiones anteriores, está totalmente descartada. A no ser que Esperanza Aguirre logre cambiar la ley e impida su presencia en cualquier lista.

Precisamente, la inclusión en una lista diferente a la que ha ido anteriormente ha originado conflictos interpretativos. Inicialmente todo era tan sencillo como que la Asamblea no le presentara. Sin embargo, la interpretación de la Ley de Cajas, que quiere cambiar Aguirre, es bien distinta. La disposición transitoria 5ª dice que “el presidente podrá ser reelegido por la representación que ostente”. El uso del tiempo verbal se ha convertido en fundamental, según los juristas. Si llegara a ser indicativo (“ostenta”) en lugar del subjuntivo (“ostente”), las cosas habrían cambiado mucho, dicen.

Es decir, puede ser presentado por cualquier colectivo y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, parece dispuesto a acorazar a Blesa. No hay más que ir a las palabras del vicealcalde, Manuel Cobo, quien manifestó que Blesa “cuenta con la confianza del Ayuntamiento”. Por si alguien tenía dudas.

Además, Blesa se ha encontrado con el respaldo del PSOE, que ha dado un giro en su primera posición. Tres de los cuatro representantes socialistas en el consejo (Ramón Espinar, José María de la Riva y José María Arteta) votaron en contra de la apertura del proceso electoral que propuso Blesa, alinéandose así con los defensores de la tesis de la Comunidad de Madrid, que apoyaron cuatro representantes del PP (Estanislao Rodríguez Ponga, Mercedes Rojo, José Manuel Fernández Norniella y Romero de Tejada). Hubo 14 votos a favor (sindicatos, impositores, independientes, IU, el resto del PP y uno del PSOE).

Los socialistas madrileños encabezados por su secretario general, Tomás Gómez, negociaron con Ignacio González, vicepresidente madrileño, para fraguar una postura común y cambiar la ley. Esa postura levantó las alarmas en Ferraz y en La Moncloa, que rápidamente llamaron a capítulo a Gómez para que cambiara el sentido del voto. Gómez ya adelantó que se abstendrán en la Asamblea que se celebrará mañana, aunque hay quien no descarta la sorpresa.

El discurso socialista en materia de cajas es que no se produzcan interferencias y, en ese sentido, no quieren que su orientación en Caja Madrid se interprete como un alineamiento a favor de unos y en contra de otros. Lo que quieren es “que se dejen de pelear, y se añade incertidumbre sobre la caja en unos momentos de zozobra como éste”, aseguran fuentes próximas a dicho partido. Sin embargo, para la cúpula socialista no es de recibo que sus hombres votaran a favor de Aguirre. Además, las relaciones con Blesa, que compartió sofá con el presidente Zapatero en la reciente visita de banqueros a La Moncloa para estudiar las ayudas a las entidades financieras, pasan por un buen momento.

En el entorno de Aguirre, que acusa a Blesa de haberse echado en brazos socialistas para mantenerse en el cargo olvidando que le eligió el PP, se insiste en cambiar la ley. Según la caja, no puede hacerse toda vez que ya ha se ha iniciado el proceso electoral. Fuentes de ese entorno creen que ese proceso sólo afecta a la elección de las entidades representativas que se produce mañana, pero no al resto, y que hay tiempo hasta mayo. Esas fuentes acusan también a Blesa de haber iniciado ese proceso para blindarse y que la ley dice que sólo puede estar 12 años, que efectivamente va a superar en seis gracias a que la ley permite una excepción.

Fuente | elpais.com