El Instituto de Crédito Oficial (ICO) vuelve a llevar el peso de las medidas anticrisis. El Consejo de Ministros estudió ayer un Real Decreto que contiene las cuatro medidas fundamentales de corte social que irán, en esencia, destinadas a paliar los efectos del desempleo y ayudar a las familias.

La medida estrella, el aplazamiento durante dos años del 50% de la cuota de la hipoteca, puede acarrear efectos indeseados y el Gobierno ha vuelto a parapetarse detrás del ICO. La materialización de esta moratoria pasa porque la institución concierte convenios con bancos y cajas de ahorro con el objetivo de «aportarles la liquidez necesaria para llevar a cabo las operaciones», según expuso el vicepresidente económico Pedro Solbes.

Los problemas podrían llegar en el caso de impago, ya que la medida se dirige a personas en situación de desempleo o autónomos que hayan cerrado su negocio. Solbes reconoció el aumento de la morosidad que se ha producido como consecuencia de la crisis, pero afirmó no estar preocupado ya que «las hipotecas es lo último que dejan de pagar los ciudadanos en momentos de dificultad». Ante esta posibilidad, el responsable de Economía aclaró que el coste sería asumido entre el Estado -a través del ICO- y las entidades financieras porque «si no nos subimos al árbol no comemos nueces», dijo aludiendo a que todas las ayudas implican también riesgos.

Preguntado sobre la disposición de bancos y cajas de ahorro a correr con ese riesgo, Solbes aseguró que es «total» ya que las entidades financieras tienen garantizada la devolución de ese dinero.

Cambio en la estructura

No es la primera vez que el Instituto de Crédito Oficial se hace cargo de poner en marcha medidas anticrisis. Su relevante papel acrecentado por las necesidades de liquidez de empresas y bancos podría llevar a la entidad a necesitar algún apoyo, ya sea en materia económica como de su estructura.

A este respecto el ministro de Economía recordó que el Instituto mantiene una posición «relativamente cómoda» en términos de financiación, aunque admitió que el Gobierno «es consciente» de que la institución puede necesitar «algún refuerzo». No obstante, reiteró que la intención del Gobierno no es la de regresar a la banca pública y que el ICO tiene que cumplir con sus dos principales funciones: captar recursos y cerrar convenios con la banca privada.

Otras medidas evaluadas en el Consejo de Ministros fueron las de prorrogar la fecha de vencimiento de las cuentas ahorro-vivienda, que pasarán de cuatro a seis años. Según los cálculos del Ejecutivo, esta medidas podría beneficiar a cerca de 180.000 ciudadanos.

Las pymes a la cola

Las que tendrán que esperar a un nuevo paquete de medidas para beneficiarse de ayudas serán las pequeñas y medianas empresas. Tanto la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, como el propio Solbes reconocieron estar trabajando en la adopción de otras disposiciones destinadas a financiar las pymes.

Estas medidas, que ya estudia el Gobierno, podrían incluir capítulos que fomenten la liquidez en el capital circulante de estas empresas, ya que es vital para su funcionamiento diario y para hacer frente a los gastos más inmediatos.

Fuente | abc.es