El Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), compartirá con la banca los costes que generen los impagos de aquellos desempleados que se acojan a la moratoria del pago de las hipotecas propuesto por el Gobierno.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha reconocido tras el Consejo de Ministros en el que ha aprobado el cuarto bloque de medidas contra la crisis económica que “se puede producir alguna pérdida” si los parados no pueden hacer frente a la cuota máxima de 500 euros al mes que contempla esta ayuda.

“El riesgo es limitado, en general, la hipoteca es lo último que dejan de pagar los españoles”, apuntó Solbes, quien justificó este riesgo porque “si no nos subimos al árbol, no comemos nueces. Intentamos ayudarles a que tengan menos dificultades”.

Según el vicepresidente económico, la predisposición de la banca a este plan de ayuda “es total” porque “se les garantiza el pago de las hipotecas y pasa el riesgo al Gobierno”.

Además, la moratoria está limitada a hipotecas de hasta 170.000 euros, lo que excluye a ciudadanos con ingresos superiores o que firmasen créditos que se han encarecido por el Euribor. Según Solbes, “si queremos ayudar a las familias con menos ingresos, no tiene sentido ayudar a estos, habrá que buscar medidas de otro tipo”.

Por otra parte, Solbes ha dado por sentado que el déficit público pueda superar el límite del 3% del Producto Interior Bruto establecido por los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht.

“Ante la adopción de medidas temporales, la superación del 3% es algo admisible siempre que no se haga de forma excesiva”, afirmó el ministro de Economía. Aunque incidió en que “en una situación como la actual es importante salir bien, sin generar obligaciones de futuro”, Solbes apuntó que hay que ser “mucho más generoso” ante los costes que supongan los estabilizadores automáticos.

El nuevo paquete de medidas del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado el cuarto bloque de medidas para afrontar la crisis económica, una serie de iniciativas para ayudar a las familias con dificultades para afrontar su hipoteca y fomentar el empleo ante las fuertes subidas del paro.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el pasado lunes estas medidas, con las que, aseguró, el Ejecutivo quiere mostrar su compromiso “firme, decidido y con hechos” con los trabajadores y con las familias, porque tiene la “capacidad” de ayudar en este periodo de dificultades económicas “serias”.

Una de las medidas más relevantes de este nuevo paquete, que podría beneficiar a medio millón de personas es la posibilidad que tendrán los desempleados y los autónomos con dificultades económicas y cargas familiares de aplazar durante dos años el pago del 50% de sus cuotas mensuales hipotecarias.

El límite del aplazamiento, que garantizará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) será de quinientos euros al mes, y las cantidades demoradas deberán devolverse desde enero de 2011 en un máximo de diez años, prorrateadas en las mensualidades del crédito.

El Gobierno también quiere ayudar con otra medida a 3,5 millones de ciudadanos con hipotecas, con la inclusión en las retenciones de cada nómina de los beneficios fiscales del préstamo de vivienda -que hasta ahora se cobran con la declaración de la renta- lo que supondría una inyección de liquidez de 2.000 millones para las familias hipotecadas.

Solbes puso como ejemplo un contribuyente que gana 25.000 euros, casado y con un hijo, a quien se anticipa la deducción del año siguiente de 13,4% al 11,4%, con lo que su nómina subiría en 500 euros anuales. “No es una rebaja fiscal”, recalca Solbes.

También se ampliará en dos años, hasta cuatro, el plazo a efectos fiscales que tienen quienes se han comprado una nueva vivienda habitual para que vendan la anterior, de forma que podrán tener más tiempo para quedar exentos de pagar la plusvalía por la primera venta, que se considera inversión para la compra de la segunda.

Como ya se había avanzado, el Consejo de Ministros ha ampliado el plazo para materializar el saldo de la cuenta ahorro vivienda, dos años más que no servirán para hacer aportaciones a dicha cuenta, aunque sí para poder seguir buscando casa sin tener que devolver las desgravaciones recibidas.

En cuanto a las medidas sobre empleo, el Gobierno ha aprobado una bonificación de 1.500 euros para las empresas que contraten desempleados con cargas familiares. Ayuda que ha sido extendida a las víctimas de la violencia de género.

Asimismo, el Consejo ha dado cumplimiento de una proposición aprobada por el Congreso que aumentará la capitalización de la prestación por desempleo, hasta el 60% del total, para los parados que quieran hacerse autónomos (frente al 40% actual).

Otra iniciativa es la creación de una comisión interministerial sobre suelo “para proporcionar criterios sobre compra y venta”, además del acuerdo suscrito entre Defensa y Vivienda para que 385.000 metros cuadrados de superficie suscritas al primer ministerio se destine a la construcción de 2.000 viviendas en Madrid, Valencia y Sevilla.

La última propuesta pretende regular la actividad de las empresas de recolocación que actúan en los expedientes de regulación de empleo, para aumentar su eficacia a la hora de buscar un nuevo trabajo a los afectados.

Fuente | elmundo.es