El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, irrumpió ayer en la reforma laboral con una enorme contundencia. Ha pedido la urgente eliminación de las indemnizaciones que pagan las empresas a los trabajadores que despide. En su opinión, estos recursos deberían dedicarse a inversiones y a incrementar la productividad. Afirmó que es necesario aprender del modelo de Dinamarca y Austria.

De esta manera se alinea con las propuestas de la patronal CEOE, que ha sugerido a los sindicatos desjudicializar el despido improcedente y equipararlo al procedente con una indemnización de veinte días por año trabajado.

Este posicionamiento supone un claro enfrentamiento con las pretensiones de CC.OO. y UGT, que han amenazado con una huelga general en el caso en que el Gobierno afronte reformas laborales unilaterales. Además, muestra un gran distanciamiento con la posición del presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió ante el Parlamento a no llevar a cabo ninguna reforma si no la aceptan los sindicatos.

El gobernador aprovechó su participación en la Universidad de Zaragoza con motivo de la 4.ª jornada sobre cajas de ahorros para reclamar la urgente reforma del mercado laboral. Según dijo, si no se hace, no se podrá crecer como en el pasado ni se podrá frenar la destrucción de empleo.

Explicó que la economía española ha crecido más que la europea durante 23 años por dos razones.

En una primera etapa por las devaluaciones competitivas que han efectuado los gobiernos españoles hasta la entrada en el euro en 1999. En segundo lugar por el fuerte endeudamiento de empresas y familias, que se ha más que duplicado en la última década. “Ninguno de estos dos mecanismos se puede volver a utilizar para crecer en el futuro. Por eso la única posibilidad es aumentar nuestra productividad. Para ello es vital reformar unas instituciones laborales que están generando efectos muy perversos”.

Añadió que no es una casualidad que España cuente no sólo con la tasa de desempleo más alta de la OCDE, sino con la destrucción de empleo más rápida. Por ello, “cuando salgamos de la crisis estaremos en peores condiciones que el resto”.

El gobernador insistió en que España es diferente en la imposibilidad de las empresas con problemas para descolgarse de la negociación colectiva, la escasa participación de los salarios en los beneficios empresariales, la indiciación salarial sin ninguna conexión con la situación real de las empresas y la obligación de someter los despidos colectivos a la autorización de la Administración. Estos elementos impiden que las empresas se adapten a la crisis e inviertan en tecnología para aumentar su productividad.

Por eso, en su opinión, es fundamental eliminar la indemnización por despido como han hecho otros países. “En nuestro sistema laboral la protección al parado combina la prestación pública del pago por desempleo con la indemnización que pagan las empresas a sus trabajadores y que está relacionada con su antigüedad laboral. Esto provoca numerosas ineficiencias y frena la movilidad laboral, ya que los trabajadores no quieren cambiar de empresa para no perder los derechos adquiridos aunque les paguen mejor sueldo”. El gobernador insistió en que la pretendida protección laboral puede asimilarse con la protección comercial de los años 50. “Lo que aparentemente era un sistema que nos protegía nos estaba llevando al desastre. Lo mismo pasa con las elevadas indemnizaciones por desempleo, que en lugar de blindar a los trabajadores ha llevado a las tasas de paro más altas de la UE”.

Fuente | lavanguardia.es