Bankia presentará hoy uno de los dos documentos con los que quiere contrarrestar las conclusiones de los dos inspectores del Banco de España que han trabajado para la Audiencia Nacional.

Bankia ya tiene lista la primera réplica al informe pericial de la Audiencia Nacional. La entidad presentará a comienzos de esta semana –previsiblemente hoy- uno de los dos documentos con los que quiere contrarrestar las conclusiones de los dos inspectores del Banco de España que han trabajado para el juez Fernando Andreu, según fuentes judiciales consultadas por EXPANSIÓN.

Se trata del trabajo del catedrático Leandro Cañibano. En él, el especialista en Economía Financiera cuestiona los presuntos errores contables detectados por los dos peritos judiciales. Además, Cañibano trata de dar validez a la reformulación de las cuentas de Bankia de mayo de 2012, que fue criticada por los dos inspectores.

Tras la presentación de esta parte de la pericial de Bankia, la entidad mandará a la Audiencia en las próximas semanas el documento que está elaborando el inspector del Banco de España en excedencia, Rubén Manso. Éste se centra en cuestiones más de fondo, como la valoración de activos de Bankia en 2010 y 2011. Con esta estrategia, Bankia da un paso al frente en un momento crucial del caso Bankia. El juez Andreu determinará hoy si fija una fianza por las presuntas irregularidades en la operación.

El importe máximo solicitado es de 4.000 millones de euros, que incluye tanto el volumen total de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de julio de 2011 –3.000 millones de euros– como la ampliación que se hizo a comienzos de 2012 para canjear las preferentes de Bancaja. Fuentes judiciales señalan que todas las partes personadas en el caso Bankia no suman más de 40 millones en acciones adquiridas en la OPS, por lo que el juez no podría fijar una cantidad superior al daño presuntamente infringido a las acusaciones.

Una posible fianza se sumaría al impacto de unos 600 millones de euros que el Gobierno prevé para BFA/Bankia por las indemnizaciones de inversores que reclamen por la vía civil. Estos 600 millones serían asumidos en un 38% por el banco cotizado y en un 62% por BFA.